El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina que los Ayuntamientos no pueden renovar su alumbrado encomendando directamente los proyectos a la empresa SOMACYL de la Junta
Avisamos hace tiempo sobre las dudas de legalidad de firmar un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y el SOMACYL tal y como era la intención del Equipo de Gobierno para renovar el alumbrado público. El importe del mismo iba a suponer unos 900.000 euros según un borrador del convenio que nos facilitaron y lo publicado por la prensa provincial.
En el último pleno ordinario, el Teniente Alcalde, José Jiménez, a preguntas del PSOE, dijo que la intención era sacarlo adelante si nadie advertía de que no se podía hacer, porque entendía que no habría impedimento de ningún tipo. Pues bien, hoy ya sabemos que el Consejo Consultivo de Castilla y León (órgano perteneciente a la administración consultiva que permite a los Ayuntamientos realizar consultas sobre la legalidad de determinados expedientes) disipa las dudas y deja claro que el proyecto no se puede encomendar al SOMACYL, un mero intermediario de la Junta para la adjudicación a una tercera empresa, que era la voluntad del Partido Popular en Valencia de Don Juan.
Mediante un convenio similar, pero ya firmado hace unos meses, la depuradora la está gestionando asimismo el SOMACYL. El PSOE fue la única fuerza que votó en contra de ese acuerdo, donde advertimos que el ahorro pretendido no era tal. De haberse conocido este dictamen que hoy conocemos, está claro que no se hubiera llevado a cabo en ningún caso la encomienda de la depuradora.
¿A qué tanto empeño del PP y de la Junta de Castilla y León en que tantos millones de euros de las entidades locales pasen por el filtro del Somacyl a través de encomiendas de gestión que el Consejo de Cuentas de Castilla y León (órgano encargado de fiscalizar a las administraciones públicas) ha considerado ineficaces y más costosas?
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